El proyecto de ley para convocar la Asamblea Nacional Constituyente, presentado el pasado jueves por el Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien renunció un día después, causó un revuelo nacional, con un "efecto más político que jurídico".

Así lo analiza en primera instancia el abogado Andrés Díaz Arana, quien, en diálogo con Atlántico en Noticias y Zona Cero, explicó los escenarios de la polémica iniciativa en plena época electoral.

Señaló que una reforma constitucional puede hacerse por tres vías: a través del Congreso, mediante un acto legislativo, o puede acudirse al pueblo directamente a través de un referendo para modificar un aspecto puntual o puede acudirse a una tercera vía, cuando se pretende algo más amplio, como lo es, por ejemplo, sustituir la Constitución.

"Esta vía es la Asamblea Constituyente y en la Asamblea Constituyente el pueblo participa de manera directa en la elección de los representantes y más importante todavía, en una consulta directa al pueblo sobre la conveniencia y necesidad de reformar la Constitución", expresó.

El jurista dijo que lo anterior es muy afín a la política del actual Gobierno que le gusta mantener una interlocución, diálogo directo con el pueblo, algo que vimos antes con la consulta popular y el famoso cabildo popular.

Eso sí, Díaz Arana manifestó que convocar una Asamblea Constituyente "es un proceso largo y complicado".

"El proceso empieza por un proyecto de ley que se radica ante el Congreso. La gente piensa que el ministro Montealegre radicó un proyecto de ley y ni siquiera es eso. Lo que ha dicho es que esto se le va a someter a las bases políticas del programa del Gobierno, a todos los actores populares, para que cuando estén de acuerdo radiquen un proyecto ante el Congreso", añadió.

Ese proyecto del Congreso, como toda ley, tiene que ser aprobada por mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

"Y solo cuando el Congreso apruebe esa ley de convocatoria a la Asamblea, se realiza una primera votación, con una logística importante y unos costos importantes, porque por prohibición Constitucional no puede coincidir con ningún otro acto electoral. Lo que quiere decir que no es solo introducir una papeleta en una elección, tiene que convocarse a todo el pueblo colombiano a una elección para definir si quieren una Asamblea Constituyente y cuál sería su alcance", explicó.

El abogado señaló que la convocatoria debe tener un umbral que es una tercera parte del censo electoral. Actualmente eso representa aproximadamente 13 millones de colombianos.

"Para la perspectiva conviene recordar que el actual Presidente fue elegido con menos votos, que eso entonces es algo muy difícil, pero después de que se aprueba tiene una segunda elección y esa segunda elección tampoco puede coincidir con ningún otro acto electoral, y tiene que ser autónoma para que el pueblo escoja a los delegados para la Asamblea. Y solamente cuando hayan pasado esas dos elecciones es que empieza a operar la Asamblea Constituyente", agregó el jurista.

Andrés Díaz Arana indicó que en el texto que ha propuesto el Ministro de Justicia se establece que la Asamblea operará durante tres meses y se suspende la competencia del Congreso para modificar la Constitución y el Presidente tendría unas facultades institucionales para reglamentar "la función y demás, y luego de todo esto, tendría un control constitucional que además oficia también un control previo a la convocatoria que es que la ley que sale del Congreso".

"Además tiene que pasar por la Corte Constitucional antes y luego la Corte revisa que estuvo todo acorde a la ley. Como se dan cuenta es un proceso que es absolutamente complejo y largo y toma sus tiempos por lo cual yo diría que con ninguna posibilidad ese proceso se adelantaría y concluiría en este mismo Gobierno", sostuvo.

En ese sentido, el abogado consideró que el proyecto de ley tiene un efecto "más político que jurídico".

"El efecto inmediato del anuncio que ha hecho Montealegre con el discurso de China y el gran salto y demás, ha tenido que ver con un desplazamiento de la atención del público a lo que se estaba debatiendo el miércoles, que esencialmente era la absolución de Uribe", manifestó.

Comité social para recoger firmas

Al dirigirse a los colombianos y colombianas, el Presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que el motivo de la Marcha por la paz, la soberanía y la democracia, que se realizó en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el pasado viernes, era convocar "a toda Colombia, al poder constituyente, no para hacer articulitos a favor de mí. No seré presidente y estaré en algún lugar".

"Queremos recoger dos millones y medio de firmas y volverlas 10 millones. Queremos que se instale ya un comité social, no de políticos, no del Gobierno, sino de fuerzas sociales de la ciudadanía que encabece la campaña de la recolección de firmas en toda Colombia y que haga el proyecto de ley que se presentará al nuevo Congreso el 20 de julio (de 2026) para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia", reiteró.

Explicó que no se trata de largos periodos de discusión en un Congreso "que no quiere hacer las reformas de la sociedad y que nos extorsiona a cambio del voto", sino que "tiene que ser a partir de la decisión directa del pueblo".

"Tres meses, y no para reformar toda la Constitución, no es necesario, sino para aprobar las normas constitucionales que permitan los derechos y la justicia social en Colombia", anotó.

Aclaró que cuando se instale la Asamblea ya no será presidente de Colombia, pero "lo que queremos es que sea el mandato popular el que ya le diga a ese nuevo presidente o presidenta y al nuevo Congreso que la decisión del pueblo es acudir a las urnas para elegir sus constituyentes, que hagan y se dediquen exclusivamente a aprobar las reformas del pueblo, que satisfagan las necesidades más centrales y fundamentales de la sociedad colombiana".

"Mientras esté vivo y esté la decisión del pueblo, estaremos juntos para que esa decisión se vuelva realidad en Colombia, sea parte de la historia de Colombia", dijo al invitar a los colombianos a que "sean los pasos definitivos a una nueva época, una época de vida en Colombia y no de muerte, una época nueva en donde lo que podamos construir sea la paz y la democracia".

"Poder constituyente, entonces, un Comité Nacional de fuerzas sociales que organice la recolección de firmas, voluntarios y voluntarias, para poner los puestos donde la población camine, donde la población esté para recoger el número de firmas que se necesita multiplicado por dos o multiplicado por cuatro", insistió.

Comentó que espera que tanto las firmas como el proyecto de ley, que contenga todas las reformas que el país requiere, estén listas para radicarlas en el nuevo legislativo "cuando el Presidente actual de Colombia vaya a dar su último discurso en el nuevo Congreso que se inauguraría en ese momento y a unos días de ser reemplazado por la persona que el pueblo haya decidido me reemplace como presidente de Colombia".

"Ese día, yo mismo, con ese comité social, entregaré al Congreso de Colombia las firmas, la ley que debe por obligación ser discutida y que convoca a toda Colombia a la Asamblea Nacional Constituyente", aseguró.

Manifestó que como un ciudadano corriente acudirá a las calles, las plazas, las veredas para que los colombianos voten por sus constituyentes para hacer "las reformas democráticas del pueblo y no de la oligarquía, las reformas democráticas de la vida y no de la muerte, las reformas democráticas de la justicia y no de la tiranía. No más tiranos en Colombia".

"Llegó el momento del pueblo, llegó el momento de las revoluciones y son de multitudes y son pacíficas", concluyó.

"Escenario altamente peligroso"

El abogado constitucionalista Mauricio Gaona, en entrevista con France 24, afirmó que este escenario que plantea el Gobierno "no se justifica" y es "altamente peligroso".

"Cuando usted analiza el proyecto y analiza la exposición de motivos del proyecto, es decir, lo que llamamos congruencia constitucional entre la motivación para hacer la reforma y la propuesta de reforma, usted se da cuenta que lo que quieren cambiar no es la constitución sino el orden constitucional. Ellos argumentan que necesitan un Estado unido en el que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sigan la misma mayoría. Eso básicamente significa la eliminación total de la oposición, a la que denominan ellos un bloqueo institucional", sostuvo.

El jurista puntualizó que básicamente la oposición es el precio que se paga por tener una democracia "y pasar esta reforma es el precio que se pagaría por perderla".

A Gaona le "preocupa" la tercera etapa del proyecto, donde el Gobierno podría "ejercer algo similar a lo que ocurrió en Venezuela".

Pese a que el jurista destacó que la propuesta sí es constitucional, advirtió que durante la revisión de la Corte Constitucional sobre el proyecto que se aprobado en el Congreso, "ellos (Gobierno) establecen la Asamblea Constitucional y definen cuál es su competencia". Ahí está el jaque".

"Eso ocurrió en Venezuela. Si deciden que la competencia sea absoluta como parece ser que el único límite sea que no revoquen el Congreso y que respetan algunos tratados de derecho internacional, pues la verdad eso no importa porque de todos modos el derecho internacional no se reforma en una Constitución, eso sería una violación el derecho internacional", agregó.

Gaona enfatizó que el problema es lo que puede hacer esa Asamblea, que busca "lograr un poder unido" para "eliminar la oposición".

"Es eliminar la democracia. Usted ya no está cambiando las leyes ni las normas constitucionales, aunque hablen de derechos, etc., lo que está cambiando es el principio de separación de poderes, es decir, en práctica habría solo dos poderes, el Presidente que controla el Congreso como un departamento más y la rama judicial, pero la controla a punta de nombramientos", agregó.

El abogado aseguró que a esto se le conoce como "dictadura constitucional".